El incendio y la deuda permanente de Chile con los sectores populares y sus barrios

El reciente incendio ocurrido en Viña del Mar pone de manifiesto, una vez más, la deuda institucional y política de Chile con un sector de la población que no logra ser incorporado en una dinámica de derechos y reconocimiento de su rol en la vida social y económica del país.

Antes de entrar en el análisis estructural a nivel nacional, hay un par de aristas por abordar desde una mirada urbana y territorial, respecto de esta catástrofe. El incendio en Viña del Mar recuerda bastante a aquel ocurrido en 2014 en Valparaíso, donde se quema una importante área forestal desde la parte alta y, a través de las quebradas, va acercándose hacia las “lomas” pobladas de la periferia alta, alcanzando rápidamente zonas urbanas más consolidadas, llegando casi hasta el centro de la ciudad. Lo mismo ocurrió esta vez, en que el incendio cubrió áreas periféricas pobladas de forma irregular y otras más consolidadas, y alcanza posteriormente barrios más centrales como Las 7 Hermanas y la parte baja de la Quinta Vergara.

Parece ser que esta coincidencia no es producto del azar y, por tanto, es importante reflexionar sobre la gestión de las quebradas que se encuentran insertas en el sistema urbano: la protección ambiental de esas zonas, la protección respecto de los intereses inmobiliarios, la gestión futura de esas zonas boscosas, pero por sobre todo la planificación futura de la edificación residencial en áreas semiperiféricas de Valparaíso y Viña del Mar, teniendo en consideración el tipo de edificación y la forma en que se pobla el cerro en estas zonas. No es posible dejar estas decisiones a las posibilidades económicas de los sectores que allí habitan, generando de esta forma áreas residenciales fuertemente vulnerables a los incendios.

Sabido es que el costo de la vivienda social en estas ciudades es mucho mayor que en centros urbanos del interior, no solo por las dificultades topográficas sino porque se trata también de ciudades que atraen población, que tienen una mejor calidad de vida, servicios y acceso a la cultura y, por tanto, en un marco de un mercado de suelo desregulado, los precios de los terrenos son poco accesibles.

Resultado de aquello es el aumento, en la última década, de población en asentamientos irregulares, que también se extiende a otras ciudades intermedias en otras regiones de Chile. Es claro que la política de vivienda debe hacer un giro radical respecto al rol que ha cumplido en las últimas décadas: generar vivienda ultraperiférica de menor calidad, segregada según ingresos, y no intervenir en la forma en que se da el crecimiento urbano. La política urbana, en este sentido, no solo se ha abstenido de tomar decisiones al respecto, sino que además ha reproducido la lógica privada, la lógica de los condominios cerrados, en la vivienda social.

Una de las críticas que surgieron respecto del proyecto constitucional rechazado, tenía que ver con la importante e histórica representación de las minorías sociales que incorporaba, pero con una reducida o ausente referencia a los grandes grupos históricamente excluidos en Chile, que algunos han denominado el “pueblo mestizo”, y que si algo tienen en común es habitar en las zonas periféricas de las principales ciudades, en barrios de vivienda social –también llamados condominios sociales–, en los tradicionales pasajes de edificación privada –hoy cerrados o enrejados algunos de ellos–, en barrios de sectores medios, y en asentamientos irregulares.

Está claro que quienes se queman son siempre los mismos. Se trata en su gran mayoría de trabajadores, con ingresos bajos, dependientes estables con menor calificación, o trabajadores por cuenta propia que en situaciones de gran precariedad social logran tener un ingreso mensual; que pueden tener acceso al consumo pero que tienen un acceso muy limitado a derechos y oportunidades, en especial a viviendas y barrios de calidad. Estos sectores viven lo que, en la retórica de noticiario, se denomina “seguridad” de forma bastante distinta a como se vive en los centros de las ciudades, o en los barrios de ingresos medios o altos donde ocurren los portonazos. ¿Cuál es el impacto real de las políticas de seguridad y contra el crimen organizado y el narcotráfico en estos sectores? La pregunta es atingente, pues los discursos sobre la “inseguridad” que llenan los medios de comunicación, y los anuncios de gobierno y otras instituciones, parecen ver el tema como algo ajeno o externo; la inseguridad y la violencia como un “flagelo” que es necesario combatir, pero no como la vida diaria y cotidiana de algunos barrios, y tampoco como la opción de vida de sectores sociales que, luego de varias décadas (o siglos) de abandono, finalmente parecen haber dado origen a una forma de vida y a una cultura propia y vista desde fuera.

En el último año han sido reconocidos ampliamente varios artistas urbanos chilenos, luego de un enorme éxito en plataformas como Spotify. La música urbana chilena, trap, reggaetón, mambo y otros ritmos está alcanzando una importante popularidad, y abriendo audiencias en América Latina e incluso Europa. Estos artistas no solo provienen de estos barrios, sino que también relatan en sus temas la presencia de la violencia, las armas, la droga, pero también plantean su visión sobre la familia, la amistad, el origen, el orgullo, temáticas que parecieran ser de nicho: todo el mundo las escucha y repite, pero esto no se traduce en una conciencia social sobre sectores históricamente excluidos y sobre acciones concretas para hacerlos partícipes de los procesos y de la democracia. Puede ser esta la primera vez en que esta parte del pueblo es reconocida culturalmente y apreciada por otros segmentos sociales, en su música, en su estética o en su forma de hablar.

Por otro lado, las redes sociales se inundan de las discusiones entre el Ñackson, el Chamakito o el Flaitiano. Suena Fixa Pilar, Yohancito, Andrecito o Marcianeke mismo, todos los cuales provienen de “un pueblo bajo” (en palabras del tío Rene), y parece ser que lo observamos como algo externo, que no nos pertenece, pero forma parte de la vida cotidiana de muchos barrios chilenos. La violencia e incluso la vulneración de derechos que se observa en algunos de sus videos, no parece ser tema afuera y, en cambio, a algunos sectores políticos les basta con dar “respaldo”, más recursos y más equipamiento a Carabineros para creer solucionar el tema de “la seguridad”, pero ¿se está haciendo algo concreto y estructural por estos sectores, conformados por ciudadanos?

La catástrofe y el drama humano del incendio parecen abrir una dimensión distinta de la vida urbana real en las periferias chilenas y motiva, por una parte, la solidaridad y, por otra, la figuración de los medios de comunicación y de personas que no visitarían jamás esos barrios en un contexto de normalidad. Es por eso que, en adelante, se requiere una visión clara sobre el modo en que están creciendo las ciudades en Chile y la voluntad de avanzar hacia otro modelo que cree ciudades más integradas y sostenibles, para las áreas boscosas y rurales, las quebradas, y las áreas residenciales. El crecimiento revela que no ha habido decisión, más que aquellas tomadas por el mercado, urbanizando predios rurales, no generando vialidad conectiva, y promoviendo “islas” sin interconexión, altamente segregadas. Por otro lado, otro tipo de crecimiento se da en los límites urbanos, donde sin apoyo suficiente del Estado, no hay un trabajo de consolidación posterior a la edificación y autoconstrucción.

Una acción decisiva sobre el modo en que crecen las ciudades implica, por sobre todo, una lógica de derechos sobre sectores de la población que no son minoritarios, y que históricamente han sido relegados a zonas urbanas de menor calidad constructiva, y de menor consolidación en cuanto a conectividad y servicios. También se requiere una lógica proactiva desde el Estado por planificar las periferias, consolidar los límites urbanos y establecer también marcos de acción ante la acción inmobiliaria.

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