En enero se podrían reiniciar las manifestaciones en contra de la presidenta peruana Dina Boluarte y el Congreso por parte de las organizaciones sociales de regiones del sur del país, iniciadas tras la destitución y detención del exmandatario Pedro Castilllo.
En las zonas de Ayacucho, Huancavelica y Andahuaylas (Apurímac) se realizan asambleas ciudadanas para tomar una decisión sobre la posibilidad de retomar las movilizaciones de rechazo al nuevo gobierno, a partir de los primeros días del próximo mes.
En paralelo, desde la presidencia peruana se anunció la instalación de una comisión multisectorial para otorgar ayudas a las familias de las 28 personas fallecidas durante las protestas, principalmente por la dura represión policial y militar.
Según un informe por regiones, reportado por el diario La República, las organizaciones sociales de Huancavelica analizaban la coyuntura y la decisión adoptada en el Congreso para mantener los cargos parlamentarios hasta julio de 2024.
En Ayacucho, donde hubo varias de víctimas, ya existe un acuerdo para reiniciar las protestas en enero. Varios dirigentes han optado por mantener sus identidades bajo reserva, ante la eventualidad de posibles represalias judiciales o militares. Mientras que en Andahuaylas también hay un acuerdo de activar las manifestaciones el próximo mes.
Así, en Huancavelica, Ayacucho y Andahuaylas, la represión del Estado y la pérdida de vidas, es una variable clave que analizan las organizaciones en la toma de decisiones.
En Arequipa también se realizan reuniones de coordinación para definir el eventual reinicio de las protestas la próxima semana.
En tanto, en el norte, en La Libertad, grupos sociales y artísticos convocaron para este martes a un acto en rechazo del accionar policial y militar, que desencadenó en la muerte de jóvenes.
En Puno, las comunidades aimaras permanecen en paro indefinido, con bloque de rutas y los manifestantes no descartaron recibir año nuevo en plena paralización. En las movilizaciones se constató una mayor presencia de mujeres, las que expresaron su intención de viajar a Lima para apoyar protestas. En sus arengas insistieron en que las muertes no deben quedar impunes.
En tanto, en el Cusco las organizaciones sociales también se inclinaron por un paro indefinido.
