Un grupo de especialistas de la Universidad de Chile cuantificó el impacto de los castores en Magallanes, informó la Casa de Bello.
Desde su introducción en tierras magallánicas, el castor (Castor canadensis), roedor perteneciente a la familia Castoridae, originario de Estados Unidos y Canadá, ha provocado pérdidas en la biodiversidad de la zona, contabilizando más de 23 mil hectáreas de bosque nativo invadidas.
En este contexto, “Evaluaciones socioeconómicas en temáticas ambientales: el caso del castor en la Región de Magallanes”, es el título del estudio que fue realizado por académicos de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Casa de Bello, proyecto que aportará a la generación de nuevas políticas públicas sobre la gestión del castor en Magallanes, una de las especies exóticas invasoras.
La investigación -que fue presentada en Punta Arenas- develó la extensión del daño causado por el castor con el uso de imágenes satelitales y su posterior corroboración en terreno. De este modo, de un área de estudio de 77.687 hectáreas, 27.167 hectáreas presentaron impacto directo por la invasión de castor, ubicadas principalmente al sur de la Isla de Tierra del Fuego. La mayor superficie afectada (45,8%) corresponde a bosques nativos en su mayoría del género Nothofagus, seguido por represas ubicadas en turberas y humedales (34,7%).
La indagación contó con la participación de los académicos U. de Chile, Gustavo Cruz y Benito González, además de la colaboración de las y los profesionales Iñigo Bidegain, Alexis Segovia y Ana Araos. Desde la Universidad de Concepción participaron Cristóbal Pizarro y Oscar Skewes.
El proyecto utilizó el enfoque de “servicios ecosistémicos”, es decir, las contribuciones directas o indirectas de la zona estudiada al bienestar humano, entregando resultados que serán de utilidad para la implementación de políticas futuras de gestión del castor en la región más austral del país.
El proyecto fue financiado en el marco del Proyecto GEF Castor, por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, Global Environmental Facility (GEF), apoyado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Ministerio del Medio Ambiente.
Castor: una especie invasora
En 1946, la Marina argentina importó desde Canadá 10 parejas de castores, liberándoles en la Isla Grande de Tierra del Fuego, en el extremo sur de América del Sur, con el objetivo de enriquecer la fauna nativa. Esta acción no consideró los efectos en el ecosistema nativo de los bosques producto de esta nueva especie, ya que no contaba con depredadores.
El castor (Castor canadensis), es un roedor perteneciente a la familia Castoridae, originario de Estados Unidos y Canadá. Esta especie se puede desarrollar en cualquier lugar donde existan ríos y árboles deciduos, ya que cuenta con la habilidad de cortar árboles maduros para alimentación y construcción.
En Chile, a raíz de la investigación se concluyó que el castor ha representado una de las principales amenazas a la biodiversidad nacional, generado pérdidas por USD 73 millones, el mayor impacto lo recibe la producción de madera (82,6%), sector que ha perdido más de USD 60,3 millones, considerando la potencialidad del bosque para producir madera para mueblería, construcción, entre otros.
Asimismo, la tala de árboles nativos es uno de los hábitos más perjudiciales de este animal, ya que el tronco queda con las marcas de sus dientes y una forma característica de punta de lápiz.
El Proyecto GEF: potencia el cuidado de la biodiversidad
Debido a que existe un riesgo latente de que esta especie siga expandiéndose por el territorio hacia el norte de Magallanes y la Antártica Chilena, el Proyecto GEF Castor, busca evitar el avance del castor para preservar los bosques nativos que hoy se ven afectados.
En esa línea, en julio de 2016 el Global Environment Facility (GEF) aprobó el proyecto “Fortalecimiento y desarrollo de instrumentos para el manejo, prevención y control del castor (Castor canadensis), una especie exótica invasora en la Patagonia chilena”. Esta iniciativa fue presentada por el Ministerio del Medio Ambiente, la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la ONG Wildlife Conservation Society (WCS) y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura como agencia de implementación.
Dicha investigación se basa en tres componentes, siendo el primero la gestión y gobernanza del proyecto, involucrando información, monitoreo, sistemas de alerta temprana, comunicación y participación local. También considera actividades de demostración y, por último, el monitoreo de progreso del proyecto y de la diseminación de la información.
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