En el Ministerio Público asumen que el panorama no es el mejor, a un día de conocerse el fallo en que la Corte Suprema anularía el juicio en contra de Martín Pradenas (30), condenado por violación y abuso sexual en contra de Antonia Barra (21) y otras seis víctimas. La sensación en el ente persecutor es que la resolución pondría en riesgo el éxito del proceso, dada la complejidad de este tipo de causas para convencer a testigos y víctimas de concurrir a declarar, por segunda vez, a un tribunal.
Esa es la principal inquietud que existe entre los investigadores, pues en el juicio en que se logró condenar a Pradenas declararon 77 testigos y 23 peritos que trabajaron en el caso. Y, en caso de que la Corte ordene repetir el proceso, se corre el riesgo de que algunas de estas personas, ahora, decidan no concurrir a una nueva audiencia.
Conocedores de este tipo de causas explican que en casos de connotación de sexual, la revictimización a la que se exponen las víctimas y testigos es alta, por lo que evitan repetir la experiencia. En este caso en particular, además, se trata de una investigación con alta exposición pública.
La molestia en el Ministerio Público no es hacia la Suprema, sino que tiene que ver con el actuar del juez del Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco, Leonel Torres Labbé (40). La defensa de Pradenas interpuso un recurso de nulidad en contra de la sentencia condenatoria de su representado, donde expuso que “a partir de la dictación del veredicto en la presente causa, el magistrado ha compartido a través de sus redes sociales públicas una serie de mensajes de otros usuarios de la red social Instagram, los cuales utilizan expresiones y calificativos atentatorios contra la dignidad de nuestro representado, tales como “violador” o “maldito violador””, señalaron los abogados del estudiante ante la corte.
Junto con eso, la defensa de Pradenas expuso que el magistrado compartió publicaciones que “llevan incluidos el hashtag #JusticiaparaAntonia, expresión que ha sido utilizada en las redes sociales por quienes desde un inicio de este proceso judicial, e incluso antes de la formalización de la investigación en contra de nuestro representado, han difundido y apoyado a la víctima”.
Las publicaciones del magistrado -quien tiene una activa participación en redes sociales- fueron consideradas como un hecho grave, no solo para la Suprema, sino que también entre los intervinientes del caso, quienes argumentan que se puso en riesgo una juicio que tomó más de un mes. En el caso trabajaron dos fiscales a tiempo completo.
Joanna Heskia, abogada penalista, explica que la anulación de una condena significa que se debe repetir toda la prueba y, en ese sentido, tienen que declarar nuevamente todos los testigos, todos los peritos, las víctimas, y se repite absolutamente todo.
Sin embargo, advierte que en este caso, “lo que puede pasar es que las partes cambien la estrategia y, por ejemplo, no presenten toda la prueba que presentaron en un primer momento o presente prueba que se había ofrecido en la audiencia de preparación de juicio oral y que por alguna razón no fue presentada en el juicio. Además, la anulación del juicio realmente no tendría que ver con la prueba, ni con una mala valoración de esta, sino que más bien por la conducta inapropiada y absolutamente reprochable de uno de los jueces. Es una pena lo que pasó”.
Alejandra Castillo, directora del departamento de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales, agrega otra interpretación. “Como no he visto la sentencia de la Suprema, asumo que anularon todo, pero si no excluye prueba y sólo anula, se debe hacer el juicio nuevamente con la posibilidad que los intervinientes produzcan toda la prueba ofrecida y consignada en el auto de apertura”, señala.
Para Castillo, el tener un nuevo juicio puede hacer cambiar radicalmente el fondo de la primera condena. “Puede variar de condena a absolución. Puede perfectamente ocurrir que se falle de manera absoluta o parcialmente contradictoria, porque precisamente es un nuevo proceso, donde lo ocurrido en el anterior no se puede ni debe tomar en cuenta para emitir la resolución”, indica.
Será con el fallo en mano que no solo el Ministerio Público tomará decisiones en la causa, sino que también lo hará la Corte de Apelaciones de Temuco. El tribunal de alzada resolverá, una vez evacuada la sentencia, si el juez Torres será o no sancionado por su actuar.
