Una denuncia a Contraloría ingresaron un grupo de diputados de Renovación Nacional en contra de la alcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC). ¿El motivo? Que el organismo liderado por Jorge Bermúdez investigue una presunta “ilegalidad” en el actuar de la jefa comunal al convocar y participar de un acto de difusión de la Reforma de Pensiones.
El “diálogo ciudadano” por las pensiones se realizó el pasado 22 de diciembre y participaron una centena de vecinos, según dio cuenta el mismo sitio del municipio, además de contar con la presencia de las ministras de la Segegob, Camila Vallejo y del Trabajo, Jeanette Jara, ambas militantes del PC.
Dicha actividad, a juicio de los parlamentarios de RN, María Luisa Cordero, Miguel Becker y Bernardo Berger, estaría fuera de las potestades de un municipio.
En el escrito ingresado los legisladores reclamaron que “se trató un evento marcado por la presencia de autoridades con militancia en el Partido Comunista de Chile, con excepción de la diputada Emilia Schneider, quien igualmente es parte de la coalición oficialista. Más allá de las invitaciones cursadas a los parlamentarios del distrito, lo cierto es que todas las autoridades de la Administración del Estado presentes por voluntad de la alcaldesa eran de militancia comunista”.
Y agregaron que “lo anterior deja en evidencia el marcado carácter político-partidista de la actividad y una ausencia absoluta de pluralismo. Hubo un solo punto de vista en una actividad financiada con recursos públicos y por un órgano del Estado que carece de competencias y habilitación legal para llevarla a cabo. Así mismo, se utilizó el patrimonio municipal para informar de una iniciativa que aún carece del carácter de “política pública”, puesto que ni siquiera ha sido aprobada en general en su primer trámite constitucional”.
Es así como los diputados le solicitaron a Contraloría que, “en uso de sus facultades constitucionales y legales, fiscalice y vele por la preeminencia del principio de legalidad y probidad administrativa en toda función o cargo público, y requiera la información necesaria tanto de la Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Santiago, doña Irací Hassler Jacob, y demás personas que estime conveniente, en relación a los acontecimientos descritos con anterioridad; determinando la existencia de facultades legales para organizar el “Dialogo ciudadano sobre proyecto de ley del nuevo Sistema de Pensiones””.
En esa línea los legisladores solicitaron al órgano fiscalizador que, en caso de que así lo determine y exista irregularidad, disponga de “los procesos disciplinarios que con ocasión de lo resuelto pudieren proceder, aplicando sanciones a los responsables que aún se desempeñen en la Administración Pública”.
A juicio de Cordero “la alcaldesa no solo desatiende necesidades urgentes de una comuna que está atravesando la crisis de seguridad e insalubridad más grave de las últimas décadas, sino que dispone arbitraria y políticamente de instalaciones municipales para actividades en las que militantes de su partido entregan una visión parcial y sesgada de una reforma que genera grandes dudas y que no ha pasado ni siquiera el trámite de comisión (del Trabajo)”.
Miguel Becker, en tanto, dijo que Hassler “tiene problemas más importantes de los cuales ocuparse, y que son sustantivamente más relevantes para sus vecinos. Andar preocupada de facilitar el aparataje municipal para publicitar una reforma que ni siquiera ha sido votada en comisión, no solo es inaceptable, sino que colisiona contra la legalidad y la probidad que debe informar la función pública”.
Mientras que Berger coincidió en que los municipios deben satisfacer necesidades sociales, “y no destinar esfuerzos y recursos para sostener al Gobierno. Acá estimamos hay faltas a la probidad producto de un uso irregular de personal, recursos y dependencias municipales, junto con una desconexión total de las demandas de los santiaguinos que, en muchos casos, están prefiriendo emigrar de la comuna producto de la suciedad y la delincuencia”.
Esta es la segunda arremetida que diputados de RN realizan contra Hassler. La primera fue la semana pasada cuando la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución, impulsado por RN, en donde se alertaba por la gestión de Hassler en materia de seguridad y salubridad de Santiago y pedían al Presidente Gabriel Boric intervenir.
