La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, comentó esta mañana la decisión de la Corte de Suprema de completar con la abogada Erika Maira la quina de candidatos al cargo de fiscal nacional que el máximo tribunal debe proponer al Ejecutivo.
Luego que el Senado haya rechazado los dos nombres que el Presidente Gabriel Boric propuso anteriormente para su ratificación, el gobierno aspiraba a que se abriera un nuevo concurso, sin embargo, el máximo tribunal dispuso otra cosa.
“Hemos sido siempre bien rigurosos y respetuosos del rol que les compete a cada uno de los poderes del Estado en este proceso. Al Presidente de la República y al Ejecutivo en particular le compete elegir a una de las personas que estén incluidas en la quina elaborada por la Corte Suprema. Nosotros y el Presidente lo que ha estado haciendo permanentemente es buscar a la persona que tenga las mejores competencias, que sea la más adecuada para cumplir ese perfil y hemos estado en un diálogo permanente con los senadores y senadoras”, expuso Ríos en un punto prensa tras la ceremonia de promulgación de ley que tipifica el delito de explotación sexual comercial contra niños, niñas y adolescentes.
De cara a un nuevo intento por conseguir el respaldo de la Cámara Alta, considerando que ni José Morales ni Marta Herrera al ser nominados alcanzaron los votos de los 2/3 de los senadores, Ríos afirmó que “no existe una opinión única al interior del Senado”.
“En el Senado hay distintas posiciones, se manifestaron en ambas votaciones que tuvimos anteriormente y nosotros como Ejecutivo tenemos que tener la responsabilidad de poner los intereses del país por sobre los intereses particulares o de preferencias particulares. Nosotros vamos a seguir estableciendo este diálogo con el Senado y también llamamos a los senadores y senadoras a poder poner la seguridad de los chilenos y chilenas como el principal objetivo de este proceso”, indicó.
Ríos sostuvo que en el gobierno existe “una preocupación por los tiempos y por las lógicas en que se ha dado esta discusión”.
En esa línea, comentó la negativa de la Corte Suprema a abrir un nuevo concurso, enfatizando que son respetuosos de las decisiones de un poder autónomo.
“Hemos expresado nuestras posiciones en otras ocasiones y acá quiero decir que más que polemizar, porque insisto, acá todos tenemos que tratar de salir de la guerrilla de declaraciones, lo importante no es lo que opinamos respecto de uno u otro comportamiento de los distintos poderes del Estado. Queremos hacer hincapié en la necesidad de tener un diálogo fluido y poder llegar a un acuerdo en esta materia”, planteó la secretaria de Estado.
Junto a organizaciones de la sociedad civil en materia de protección de la infancia y adolescencia, la ministra Ríos encabezó el acto simbólico de promulgación de la ley que tipifica el delito de explotación sexual comercial contra niños, niñas y adolescentes (NNA), contemplándolos como víctimas y dejando atrás el erróneo término de prostitución infantil.
La nueva norma sanciona también la transmisión por dispositivos tecnológicos de acciones o contenido sexual de menores de 18 años. En la iniciativa se aumentan las penas equiparándolas a otras formas graves de explotación.
“Este es un anhelo de largo aliento de las organizaciones de sociedad civil, de organismos que promueven los derechos de la niñez y cambia un paradigma que teníamos como país. Cambia también el marco regulatorio que nos va a permitir como país poder perseguir los delitos de explotación sexual comercial de niños y niñas. Y acá queremos enfatizar el cambio paradigmático de haber entendido que los niños y niñas podían estar involucrados en un delito de prostitución, como si fueran prestadores de servicios y que no se reconocía nuestro ordenamiento jurídico”, resaltó la titular de Justicia.
