Tras sostener esta tarde una reunión con la ministra del Interior, Carolina Tohá, los gobernadores regionales afirmaron que no quedaron conformes con el plan de seguridad presentado por el gobierno para combatir el delito en regiones y, en este sentido, señalaron que le solicitaron al Ejecutivo tener una mayor incidencia en las políticas de prevención del delito en sus territorios.
Al respecto, le pidieron a la secretaria de Estado una nueva reunión, donde esperan que desde el gobierno se les realice una propuesta distinta donde se les entregue mayores facultades para poder hacer frente a la crisis de seguridad de manera focalizada en sus regiones.
El gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, indicó que es necesario que no se coarte el rol de las autoridades regionales en prevención del delito y reparación a las víctimas.
“Sentimos que en prevención del delito, no es en las delegaciones presidenciales donde hoy se está trabajando efectivamente y que en materia de protección y reparación de víctimas prácticamente no hay esfuerzos desde el gobierno de Chile”, sostuvo el gobernador Díaz.
Al respecto, indicó que los gobernadores regionales en este momento están realizando inversiones importantes en prevención del delito y reparaciones a las víctimas, y que buscan seguir realizando estas iniciativas de una forma que sea validada institucionalmente.
“Contamos con la voluntad política de trabajar y también con la voluntad de disponer recursos, situación que hacemos hoy y que queremos seguir haciendo de la manera más institucional posible”, sostuvo Díaz.
En este sentido, sostuvo que le solicitaron a la ministra Tohá “que la nueva propuesta que se nos entregue sea mucho más detallada y que no coarte aquellas facultades que hoy día, en los hechos, estamos ejecutando”.
Así, indicó que esperan que la próxima semana el Ejecutivo les pueda entregar un segundo planteamiento que sea “más pertinente y útil” para mejorar la seguridad de las personas.
En la misma línea, el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, destacó que “es muy relevante cuidar la autonomía de los gobierno regionales, que no se nos prive de la posibilidad de generar políticas de prevención del delito”.
Por su parte, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, indicó que, en materia del combate a la delincuencia, “el gobierno debe entender que no le sobran manos y lamentablemente hoy día los gobernadores regionales tenemos las manos atadas, precisamente porque no se nos ha reconocido formalmente algo que ya se les reconoció a los municipios en 2016. Hoy día en materia municipal, los gobiernos locales tienen la facultad de la prevención del delito, trabajan con seguridad ciudadana, articulan a las policías, pues bien, lo que estamos pidiendo como gobernadores es que se les reconozca, sin letra chica, esa competencia a los gobiernos regionales”.
“Hemos venido a La Moneda a ofrecer nuestra ayuda y a realizar planteamientos concretos que esperamos que el gobierno se abra a aceptar. No creo que se puede prescindir de 16 gobiernos regionales en algo tan urgente y tan crítico como la crisis de seguridad que vive Chile”, agregó Orrego.
Al respecto, sostuvo que es necesario tener una estrategia regional de prevención del delito, y que esta no se puede entregar a las comunas de forma separada. “El fenómeno del delito no reconoce límites comunales, el fenómeno del delito es regional, en consecuencia requiere una estrategia regional”, destacó.
En este sentido, destacó que “no nos conformamos con la facultad de hacer programas o proyectos, queremos también tener la facultad de hacer políticas regionales de prevención del delito de acuerdo a la realidad particular de cada región”.
“No quedamos conformes con la propuesta del gobierno, creemos que no recoge lo que hemos planteado, así que les hemos pedido que la reformulen”, cerró Orrego.
