Una semana -y contando- cumplió el paro de camioneros que mantiene 39 focos de conflicto en las carreteras del país. La manifestación comenzó el lunes 21 de noviembre cuando los representantes de la Confederación de Camioneros Fuerza del Norte iniciaron una movilización a la que, posteriormente, se sumaron otras asociaciones de transportistas, demandando mejores condiciones de seguridad para sus traslados y una rebaja en el impuesto del diésel.
En el gobierno, hasta la semana pasada, existía un espíritu de darle una salida rápida al conflicto -evitando ojalá llegar al fin de semana que acaba de pasar- y así seguir con la agenda de seguridad que lidera el Ministerio del Interior. Sin embargo, la situación se fue complicando y, junto con ello, la forma en que se trataban estas tensas negociaciones: por un lado, el Ejecutivo quería llegar a un entendimiento y destrabar el paro, pero, por el otro, había que dar señales de “mano dura” contra quienes obstaculizaban el tránsito.
Encaminados en eso, en el gobierno se encontraron con la declaración que el coronel Juan Jiménez, de la Prefectura Santiago Norte, entregó el viernes en Chilevisión, quien fue consultado por qué Carabineros no retiraba a los transportistas que obstaculizaban las rutas. El oficial respondió: “No hemos recibido ninguna instrucción al respecto. Solo nos hemos abocado a resguardar este sector, por este espacio donde se encuentran en ambas pistas para que se desarrolle de la mejor forma lo que ellos han conversado. A mí personalmente no me ha llegado ninguna instrucción ni nada”.
Estas declaraciones no cayeron bien en La Moneda por dos cosas: primero, porque en el gobierno aseguran que sí han impartido instrucciones a Carabineros, a través de las delegaciones presidenciales y, segundo, porque Carabineros sí cuenta con la facultad legal para usar la “fuerza pública” y desalojar una ruta cuando sea afectada.
La molestia del gobierno se manifestó a través de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien el mismo viernes llamó por teléfono al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, a quien le hizo ver la equivocación del coronel entrevistado y que tenían que corregir públicamente sus declaraciones. El general entendió y pidió rectificar la información a sus subalternos.
Al mediodía llegó la rectificación de Carabineros. El general inspector Carlos González, jefe de la Zona Metropolitana, señaló que lo dicho por el coronel Jiménez “no corresponde a las instrucciones impartidas por este mando zonal ni por el general director. Se mantienen coordinaciones permanentes con la Delegación Presidencial Metropolitana tendientes a ir monitoreando los eventos y hemos transmitido a nuestro personal de servicio en la población todas las orientaciones que el gobierno nos ha entregado”.
Pero estas declaraciones no dejaron conforme a las autoridades de Interior, pues no se abordaron las facultades legales con las que cuenta Carabineros, ni menos se profundizó en las implicancias que tenía cortar una ruta. Dado que la vocería de la policía uniformada no endureció el tono, fue el gobierno el que tuvo que salir a hacer el punto a través del subsecretario del Interior: “Vamos a tener una reunión con Carabineros y la PDI. Como ya saben, hay una instrucción formal de despejar las rutas, ahí opera la obligación de mantener el orden público. La instrucción precisa es no permitir esa situación y despejar. Si hay alteración, está la orden de detener a las personas”, dijo Monsalve.
Fue el miércoles 23 de noviembre que Interior dispuso a las delegaciones presidenciales de todo el país que informaran a Carabineros de que debían tomar medidas ante eventuales cortes de ruta.
A partir de eso, las delegaciones evacuaron una resolución exenta en que dieron cuenta de cómo debía operar la fuerza pública. “Se ha determinado la negativa de restitución de los bienes nacionales de uso público que se indicará, produciéndose una ocupación material ilegal, sin derecho alguno (…). Se ha solicitado la entrega de los citados bienes nacionales de uso público, sin obtener respuesta positiva de sus actuales ocupantes, de acceder a la entrega voluntaria de los inmuebles, por lo que deberá requerirse forzadamente su restitución”, dice el documento evacuado por las delegaciones.
Enseguida, en el documento se consigna que debe pedirse, “administrativamente” a los ocupantes de las rutas que desalojen los sectores que obstaculizan el paso del resto de los vehículos o, bien, en caso de no cumplir con lo ordenado, se actuará debida y seguidamente al acto de notificación, con el auxilio de la Fuerza Pública, si fuese necesario y/o hubiere oposición de los actuales ocupantes, actuando al efecto con facultades de allanamiento y descerrajamiento, a fin de obtener la entrega de los inmuebles, con estricto apego a las disposiciones legales vigentes”.
Actualmente, el paro no ha dado señales de bajarse. Si bien el Ejecutivo logró un entendimiento con la Confederación Nacional de Transportes de Cargas (CNTC), la Confederación de Dueños de Camiones (CNC), Chile Transportes, Fede Quinta y Fenabus, las movilizaciones se mantienen a cargo de los gremios de transportistas del norte y centro sur del país, lo que sigue prolongando un siempre incómodo -para policías y autoridades- paro de camioneros.
