“La única modalidad disponible para dar estricto cumplimiento”, señaló el Gobierno sobre el uso de trato directo para imprimir 692 mil copias de la propuesta de nueva Constitución. Un grupo de abogados presentó una denuncia ante Contraloría por esta situación, asegurando que el mecanismo no se justifica.
El Ministerio Secretaría General de la Presidencia respondió a la denuncia presentada ante Contraloría por la impresión de 692 mil copias de la propuesta de nueva Constitución.
Cabe recordar que un grupo de abogados, representados por Marcelo Brunet, ingresó un reclamo por una serie de factores.
Entre ellos, argumentan que la partida presupuestaria se asigna a un órgano que ya no existe, la Convención Constitucional; que la compra se hizo por trato directo; y que estas atribuciones no son propias de la Segpres.
De acuerdo a la cartera liderada por Giorgio Jackson, la instrucción de imprimir y distribuir las copias fue impartida antes del 4 de julio, fecha en que se disolvió la Convención.
“La gestión ordenada a la Segpres se hace con cargo a los recursos asignados para la instalación y funcionamiento de la Convención, que comprende actividades de difusión y participación ciudadana”, sostiene.
Asimismo, agrega que “la jurisprudencia de la CGR ha sido categórica en señalar que el rol de la Segpres no implica que se encuentre habilitada para afectar la autonomía de la Convención Constitucional, debiendo limitarse a dar estricto cumplimiento a la labor encomendada”.
Gobierno por trato directo: “La única modalidad disponible”
El ministerio detalla que aprobó una contratación por trato directo con la imprenta Sistemas Gráficos Quilicura S.A., por un monto de $444.615.384, para imprimir 692 ejemplares de la propuesta de nueva Constitución.
En ese sentido, dice que la modalidad de trato directo se justifica por la causal de urgencia, contemplada en la Ley 19.886.
Entre sus argumentos, destaca la inexistencia de un convenio marco vigente que permitiera aplicar el mecanismo de Grandes Compras, además de la imposibilidad de realizar previamente un llamado a licitación.
“Antes del 4 de julio no se contaba con el texto final de la propuesta de Nueva Constitución, por lo que no se podía precisar el producto (número de páginas, características y diagramación)”, precisa.
Finalmente, aseveran que la impresión de las copias “se enmarca dentro de las obligaciones constitucionales y legales de la Segpres, siendo el trato directo la única modalidad disponible para dar estricto cumplimiento a la labor encomendada por la Convención Constitucional”.
