Dos sujetos quedaron en prisión preventiva tras ser acusados de trata de personas y violación, luego de que los imputados trajeran engañada a Chile a una ciudadana argentina para luego someterla a explotación sexual.
El fiscal de Concepción, Bernardo Orellana, señaló que “se formalizó una investigación, en audiencia de control de detención, en contra de dos imputados: el primero de ellos por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual (…) y el segundo, por el delito de violación reiterada”.
Los ilícitos ocurrieron en 2019, cuando la afectada fue traída engañada desde el vecino país para trabajar, supuestamente, como garzona en un pub.
“La víxtima fue captada a través de la plataforma Facebook, con una publicación que se realizó, donde se ofrecía un trabajo como garzona, o mesera, en un una especie de pub o discoteca”, indicó el fiscal Orellana.
Según informó la Fiscalía, la mujer aceptó venir a Chile debido a la vulnerabilidad económica y social en la que se encontraba, y luego de que uno de los imputados le pagara los pasajes.
Ya en el país, en la ciudad de Concepción, la víctima es recibida por los dos imputados y trasladada a un sector rural, específicamente en la provincia de Arauco, donde se le reveló que realmente debía prestar servicios sexuales.
“La víctima manifestó inmediatamente su negativa, no obstante ello fue amenazada, golpeada, agredida físicamente y obligada a mantener relaciones sexuales con diversos sujetos”, agregó el persecutor.
El fiscal Orellana le formuló cargos a Ramón Olivares Llanos (44), por trata de personas, y a José Bernal Arévalo (46), por violación. Ambos tienen residencia en la comuna de Arauco.
La investigación, a cargo del Ministerio Público y del OS9 de Carabineros, se inicia cuando propia afectada hace la denuncia al personal policial, luego de que logra escapar del lugar por sus propios medios, con la asistencia de “un tercero al cual habría pedido ayuda a través de una red social”, sostuvo el fiscal de Concepción.
Tras esto, se realizaron diversas diligencias investigativas y análisis médicos que permitieron corroborar el relato de la mujer. “Esto fue fundamental para que el día de hoy el tribunal adquiriera la convicción respecto de que se deban los presupuestos materiales para la medida cautelar que se solicitaba”, agregó Orellana.
No se descarta que otras personas puedan estar involucradas en los delitos y el plazo para concluir la indagatoria se fijó en 60 días.
