A seis semanas del plebiscito de salida, los ánimos están cada vez más crispados, especialmente, en la elite política. No es para sorprenderse. Lo que se juega el domingo 4 de septiembre es muy relevante.
Desde que se disolvió la Convención Constitucional, la dirigencia política -incluido el gobierno- se ha hecho cargo del debate. Se proponen diversas fórmulas para reformar la Constitución del 80, en caso que gane el Rechazo, y otras tantas, para “arreglar” la propuesta constitucional si triunfa el Apruebo. Curiosamente, son muy pocos quienes prefieren oír la voz del pueblo antes de comenzar a tomar decisiones. Es como si el resultado del plebiscito de salida no fuera más que un trámite para comenzar a trabajar en el acuerdo indispensable, que debe negociar la elite política, para arreglar un poco la carga y seguir adelante como siempre debió ser.
No parece haber mayor conciencia del desprestigio de la política, de los partidos y de las instituciones democráticas, del clamor por participación y profundización de la democracia.
La crisis es global y surge con fuerza en distintos países. Es un cambio de época, con toda la incertidumbre y los dolores de parto que esto conlleva.
En cada país, la crisis adquiere sus propias características, hoy agravadas por la crisis económica que tiene al mundo entero en ascuas. En este contexto, lo peor es la ceguera, afirmarse en lo deseado más que en la realidad, y sentarse a esperar que la crisis se solucione sola o vuelva a estallar sin que la veamos venir.
Esto es lo que realmente se juega en el plebiscito: un proceso de cambios graduales ratificados por una mayoría ciudadana, o cerrar los ojos y esperar lo que ocurre con las decisiones que acuerde la elite política.
El 2019, en un acto de sabiduría y generosidad (probablemente también temor), la dirigencia política abrió un camino institucional a la crisis: un proceso constitucional, con la elección de una Convención elegida democráticamente, asegurando un pluralismo tan amplio, que incorporó a los sectores más invisibilizados y discriminados de nuestra sociedad.
La Convención cometió errores, qué duda cabe. Las y los convencionales no siempre nos comportamos con la etiqueta que exigía el cargo. Hubo declaraciones estridentes y propuestas extremas que nunca llegaron a aprobarse. También hubo innumerables iniciativas que eran copia fiel de la Constitución del 80, y que tampoco avanzaron hacia la propuesta final.
Más allá de la caricatura que se hace de la nueva Constitución, no conozco expertos serios que la descalifiquen de manera rotunda. Más bien, se proponen correcciones a ciertos aspectos, los cuales son viables en cualquier constitución democrática. Intelectuales tan respetados como Agustín Squella, Roberto Gargarella y José Francisco García reconocen sus méritos.
La Constitución del 22 -si la ciudadanía la aprueba en el plebiscito- no es una constitución revolucionaria. Simplemente, corrige aberraciones de un texto creado para no ser jamás modificado, se pone al día con la garantía de los derechos fundamentales, lo que está contemplado hace más de medio siglo en las constituciones que admiramos, y reconocer los temas y desafíos propios del siglo XXI. Es decir, se pone en sintonía con la sociedad que estamos viviendo y deja atrás un texto obsoleto y añejo, más allá de las críticas políticas.
¿Por qué entonces tanta crispación en esta última etapa de la campaña? Porque la polarización que vemos en la elite no es entre izquierdas y derechas, categorías que ya no dan cuenta de la realidad. Una vez más, estamos frente a la división que mueve el mundo desde tiempos inmemoriales. Por un lado, están quienes se aferran a lo que hay, los que quieren mantener las cosas como están y, por el otro, quienes saben que los cambios son indispensables, que nadie ha clavado la rueda de la fortuna, que las transformaciones se producirán con o sin nuestra venia. A lo largo de la historia, los cambios siempre han sido imparables, se producen inevitablemente, de manera progresiva o de forma abrupta y violenta.
La crisis que no vimos venir el 2019 sigue tan vigente como entonces. La nueva Constitución propone iniciar un camino de reformas progresivas y, luego de ser aprobada, comenzar a construir entre todos y todas el país que soñamos: con un nuevo pacto social y una profundización de la democracia, que incluye una redistribución del poder y la participación ciudadana en distintos niveles.
Esto es lo que realmente se juega en el plebiscito: un proceso de cambios graduales ratificados por una mayoría ciudadana, o cerrar los ojos y esperar lo que ocurre con las decisiones que acuerde la elite política.
