Los procesos constituyentes expresan el carácter distintivo de una sociedad y son productos accidentales de la historia y la cultura de un país. Corresponde evaluar en qué medida el proceso constituyente contribuye a forjar una nueva identidad constitucional capaz de acomodar la diversidad cultural de la sociedad chilena. Al final: ¿Qué es lo que une una colectividad de extraños, que no se conocen, bajo una constitución? En Chile, esta idea se ha sintetizado en la metáfora de la Casa de Todos; sin embargo, el uso de esta a veces sugiere vincular la identidad constitucional al dominio de las mayorías sustantivas y la exclusión de grupos minoritarios. Históricamente, las dimensiones identitarias de la ciudadanía en Chile han reflejado la autoimagen de la mayoría nacional. Por ejemplo, el único idioma oficial es el español; y los feriados nacionales, el día de descanso semanal y los símbolos dominantes son aquellos profesados por la religión dominante, promovida oficialmente desde la Primera República.
Para construir la Casa de Todos es necesario partir del reconocimiento de los conflictos que ha suscitado la diversidad cultural como un problema político en Chile. Por ello, es necesario despejar un debate que se está desarrollando con independencia de la reflexión académica acerca de la identificación del Estado con la nación como modelo de organización geopolítica. Pareciera que este se sitúa en un tipo particular de Estado-nación: el que emergió en el Siglo XVII, borrando la multiplicidad de las comunidades sobre las que se impone y sobre las cuales se establece un orden homogéneo. La transición a este modelo del Estado-nación empieza con la imposición de una sola lengua; después, un sistema de educación uniforme; luego, unas fuerzas armadas, creando la idea de unidad territorial; y, finalmente, un solo sistema jurídico. Sin embargo, en realidad, los Estados contemporáneos que coinciden con una sola nación son la excepción. Islandia tal vez sea el ejemplo solitario. A principios del siglo XXI, los estados nacionales han atravesado presiones para acomodar asociaciones más amplias con dimensiones culturales poderosas, supranacionales, como la UE y la OCDE. En ese proceso, se ha reposicionado al propio Estado como una de las fuentes del derecho, entre muchas otras, tanto a nivel transnacional como subnacional. Con el tiempo, en el mismo espacio económico y geopolítico, pasan a convivir varias naciones. En el intersticio de estos cambios estructurales, antiguas minorías lingüísticas y étnicas instauran reclamos por protección constitucional. Los pueblos originarios buscan reconocimiento en las constituciones de las sociedades que se impusieron sobre ellos durante 500 años de expansión europea. Se escuchan también las voces de millones de ciudadanos exiliados, inmigrantes y refugiados del Siglo XX, que compiten por formas de acomodación en el seno de estados nacionales ya establecidos. Lejos de ser un debate latinoamericano, la plurinacionalidad es una demanda por el reconocimiento de otro concepto de nación, la nación concebida como “la forma más prestigiosa de reconocimiento cultural”, cual plantea James Tully en Canadá. Hay que ver el caso chileno dentro de ese proceso histórico de transformación del Estado monocultural. La pregunta que retorna: ¿Puede la nueva Constitución reconocer y acomodar la diversidad cultural chilena? ¿Cuáles son las consecuencias de receptar la idea de plurinacionalidad en el entramado del Estado?
En la nueva Constitución esto tiene muchas implicaciones: un nuevo tipo de institucionalidad, una nueva organización territorial, nuevos criterios de participación y de servicio público. Cada una de ellas constituye un desafío a ser trabado en instituciones representativas que contarán con paridad de género y cuotas legislativas. A través de estas reglas, actores cuyas angustias antes habían estado ausentes del país formal, aparecen súbitamente en el espacio público, representando el país real, formado por personas mayores, con discapacidad, neurodivergentes, disidencias sexuales, etc. El borrador constitucional prevé, además, “entidades territoriales autónomas” con poderes de autogobierno, logrando un equilibrio entre la unidad nacional y un grado significativo de autonomía a grupos minoritarios. Es una verdad irrebatible que Chile enfrenta una coyuntura histórica. El estado plurinacional ha servido al lenguaje político para que actores con backgrounds diferentes se acerquen al mismo objetivo a partir de posiciones diversas, cada uno articulando el proyecto a su manera, pero todos, al final, logran construir un único edificio. En definitiva, nada expresa mejor la Casa de Todos que un Estado plurinacional, con cuotas legislativas y paridad de género.
