Durante la sesión de la Cámara Alta, el miércoles pasado, la senadora socialista Isabel Allende arremetió contra la derecha al anunciar su rechazo a la reforma que rebajaría el quórum para modificar la actual Constitución.
“Cuesta creerle (a la derecha)… No es que llegaran tarde. No cumplieron una y otra vez. ¿Por qué tendría que creerles ahora, porque hicieron 10 principios generales, vagos, que no significan un compromiso concreto?”, dijo la parlamentaria aludiendo a los episodios anteriores a 2005, en los que dirigentes de derecha se abrieron a cambios constitucionales que no prosperaron.
Un debate que, además, se revivió con fuerza ante la idea de levantar un Plan B en caso de que gane el Rechazo en el plebiscito del próximo 4 de septiembre. Esto en un contexto en que la derecha ha intentado dar señales para demostrar que están dispuestos a modificar la Constitución del 80.
En la retina socialista hay episodios, que también es recordada en la DC y el PPD, como las promesas incumplidas de 1989-90, de 1996 y de 2003, en las que particularmente las directivas de RN se allanaron a modificar la Carta Fundamental del 80.
El gran tema entonces era la eliminación de los senadores designados (institucionales) y el fin del tutelaje militar, ya que los comandantes en jefe de las FF.AA. y el general director de Carabineros gozaban de inamovilidad y tenían un rol político a través del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).
Sin embargo, desde la derecha contraargumentan que en 1989, cuando aún no se elegía el Congreso, sí se avanzó un pacto de 54 reformas (Ley 18.825), al margen de que hubieran quedado temas pendientes, que se resolvieron 15 años después, en el segundo gran acuerdo constitucional de la transición, con las otras reformas del 2005, bajo el gobierno de Ricardo Lagos (Ley 20.050).
En los partidos de Chile Vamos, además, añaden que un tercer gran gesto fue el pacto del 15 de noviembre de 2019, que fue firmado por las directivas de la UDI, RN y Evópoli, junto a partidos opositores al gobierno de Sebastián Piñera, que habilitó el proceso constituyente (Ley 21.200).
Además de esas leyes, hay otras 60 reformas que inevitablemente requirieron de votos de la derecha, que han modificado la Carta Fundamental. En esa cuenta -según los datos de la Biblioteca del Congreso- figuran normas interpretativas, disposiciones transitorias (entre ellos los retiros previsionales) y el último proyecto, aún no publicado en el Diario Oficial, que crea la facultad del Presidente para poner a las FF.AA. al cuidado de “infraestructura crítica”.
En todo caso, en las 63 reformas a la Carta Fundamental (incluyendo los tres grandes pactos), la derecha no siempre actuó unida, a veces fueron descolgados los que permitieron esos ajustes.
El año 1989, es particularmente un buen reflejo del dispar reformismo de los partidos de derecha.
Tras el triunfo del No en el plebiscito de 1988, el ministro del Interior, Carlos Cáceres, que asumió ese año, convocó a las fuerzas opositoras a Augusto Pinochet para acordar un marco de ajustes constitucionales que jugaran en línea con el nuevo régimen menos autoritario.
Sin embargo, en esas negociaciones, los representantes de la dictadura se opusieron a poner fin a los senadores designados y al tutelaje militar.
El entonces presidente de RN, Sergio Onofre Jarpa, les planteó a los partidos de la Concertación que apoyaran las reformas del 89 -que finalmente se zanjaron en un plebiscito ese año-, a cambio de que una vez elegido el Congreso avanzarían en los otros puntos pendientes.
No obstante, con la llegada del gobierno de Patricio Aylwin y la reapertura del Parlamento, el compromiso encontró resistencia en la mayoría de los senadores de Renovación y de la UDI (que desde un principio se opusieron).
“El propio Jarpa nos dijo, mire, primero demos estos pasos y después hacemos las otras reformas en el Parlamento. Y cuando fuimos elegidos, nunca más, hasta el 2005, hubo posibilidad”, recuerda exsenador y exministro Andrés Zaldívar (DC), quien participó de las negociaciones del 89 en su calidad de presidente de la Falange.
“Siempre hubo reticencia de la derecha, sobre todo con ciertos baluartes, que ellos creían que no podían entregar”, agrega Zaldívar, quien cree que, a pesar de esas suspicacias y las nuevas señales que ha dado Chile Vamos, “uno nunca debe descartar la posibilidad de avanzar”.
José Antonio Viera-Gallo (PS), exministro, exdiputado y exsenador, quien fue el primer presidente de la Cámara con el retorno de la democracia, comenta que siempre fue difícil convencer a los legisladores de derecha. “La verdad sea dicha, que todas las reformas que se hicieron, en general, o muchas de ellas, fueron a regañadientes de la derecha. Costaba mucho lograrlo. Algunas cosas no se lograron nunca, en temas que ni siquiera los prometieron. Por ejemplo, nunca se abrieron a un reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas. Jamás”, asegura.
En todo caso, en esos primeros años de transición, Viera-Gallo destaca dos reformas puntuales: la que estableció la elección de alcaldes en 1991 (hasta 1992 eran designados) y la que permitió renovar la Corte Suprema en 1997, con el fin de neutralizar el peso del “pinochetismo” en el máximo tribunal.
En 1996, Andrés Allamand, como presidente de RN, intentó retomar el acuerdo de Jarpa, pero nuevamente el sector conservador del partido, que tenía predominio en el Senado, se opuso a las reformas.
“Allamand fue defenestrado del liderazgo de Renovación Nacional por reponer el tema en 1996, en un consejo general de ese partido. Luego, la derecha lo vapuleó electoralmente en 1997 en la Región Metropolitana, lo que le obligó a la travesía del desierto”, relató el actual secretario general del PS, Camilo Escalona, en una columna publicada en el portal de Cooperativa.
La pugna entre liberales y conservadores de RN tuvo un nuevo round en junio de 2003. En ese año, Sebastián Piñera presidía la colectividad y logró que la comisión política se abriera a explorar reformas con el gobierno de Lagos. No obstante, nuevamente los senadores del partido, entonces liderados por Sergio Romero, desecharon la orden de la directiva. Y aunque Romero fue llevado al Tribunal Supremo de RN, no pudieron doblegar a la bancada de senadores.
En todos esos años, la UDI, que mantenía una férrea defensa de los llamados “enclaves autoritarios”, no solo tomó palco ante la tensión interna de RN, también se benefició con la fuga de algunos militantes disidentes a las directivas más liberales que representaban Piñera y Allamand.
A la Concertación, por su parte, solo le quedaba esperar alguna ventana de entendimientos, que recién comenzó a darse entre 2004 y 2005.
Un factor que incidió, a juicio de algunos, fue el hecho de que los senadores designados ya no respondían mayoritariamente a la derecha y la Concertación había engrosado su bancada a costa de ellos. Incluso, de no haber cambios, Lagos iba a transformarse en un nuevo senador vitalicio, al igual que Eduardo Frei.
Viera-Gallo añade que finalmente, “en las reformas de 2005 se terminó con los enclaves autoritarios, pero con bastante dificultad”.
Zaldívar, por su parte, recuerda que, a diferencia de RN que estaba dividido, la UDI siempre “se cerró totalmente”, hasta que el entonces senador “Hernán Larraín abrió algunos espacios para hacer reformas dentro de la Comisión de Constitución del Senado”.
Precisamente, el gremialismo ha sido un factor que ha marcado la diferencia entre los intentos fallidos y aquellos que terminaron en acuerdos (como los de 2005 y el 2019). En estos casos, la UDI fue parte de esos pactos.
A juicio del senador y actual presidente de la UDI, Javier Macaya, “la historia no miente. La derecha ha estado disponible en muchas oportunidades para los cambios y, en otros casos, ha sido la extrema izquierda la que no ha estado dispuesta, como lo fue el acuerdo de 2019, incluyendo a la actual ministra vocera (Camila Vallejo, que no apoyó ese pacto). La historia no puede mirarse con una superioridad moral y no puede haber prejuicios para pararse ante una negociación”.
